Dentro de las posibles modificaciones que se espera que introduzca el servicio de empleo público, en el marco de un plan de transformación ya aprobado por el gobierno, una de las modificaciones más reseñables será el cambio de fórmulas a la hora de la gestión de un usuario respecto a las oficinas SEPE.
Hay que tener en cuenta que partimos de una situación en la cual cada usuario debe realizar las gestiones correspondientes en la oficina que le corresponde función de la residencia acreditada.
Esto ha generado no pocas paradojas y problemas a tener en cuenta ya que no en todos los casos resulta útil, o incluso racional al encontrarse oficinas más cercanas que las que correspondían al usuario que, sin embargo, debía desplazarse más lejos a aquellas que le correspondía por asignación.
En el planteamiento de avance se contempla la figura de un distrito único provincial. Esto significa que, en la práctica, cada usuario podrá elegir la oficina que más le convenga dentro del ámbito de distrito único provincial. Ya no nos circunscribimos exclusivamente a aquellas oficinas por asignación de lugar de residencia.
La libre elección de oficina se orienta, obviamente, a una mejora de los servicios prestados y a una racionalización del uso de las propias oficinas, por un lado, evitando situaciones poco comprensibles de desplazamientos innecesarios, y por otro lado colapsos en algunas oficinas mientras que otras no mantenían la actividad que podrían llegar a absorber.
Algunos de los cambios que mejorarán el servicio, junto a la libre elección, es la posibilidad de acceder a un calendario unificado de citas. Esto facilita que el usuario pueda seleccionar la oficina la que acudir tanto por criterios de comodidad, como por criterios de rapidez en la atención, ya que, con este programa de avance, podría elegir aquellas oficinas menos congestionadas de citas.
Otra de las posibles incorporaciones en este proyecto de transformación es la presencia de los servicios personalizados a los empleadores. Esto buscaría, también, una modificación en la relación entre el servicio público de empleo y las propias empresas.
En cualquier caso, al menos de momento, debemos diferenciar entre las competencias autonómicas de los servicios de empleo autonómicos, responsables de las políticas de empleo, y las funciones del SEPE en global, orientadas a los pagos de prestaciones por desempleo. Es importante porque ambos entornos comparten los espacios que administran las autonomías, con lo cual deberá generarse un proceso de armonización también en este sentido
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